Más de 10,000 ciudadanos han decidido recurrir a los tribunales para detener el registro obligatorio de líneas celulares en México, impulsados por la reciente prórroga de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que extendió el plazo para el 31 de diciembre de 2026. Un total de 10,300 personas se han organizado, incluyendo tanto un amparo colectivo como numerosos amparos individuales. La iniciativa está liderada por el diputado Francisco Sánchez Villegas, quien iniciará una estrategia nacional de defensa jurídica en todas las entidades del país.
Los amparos se centran en la eliminación de la obligación de registrar sus números, buscando asegurar que no se suspendan servicios como llamadas y datos móviles para quienes no deseen vincular sus líneas. La resistencia legal comenzó antes del actual movimiento masivo, con situaciones que ya han derivado en decisiones judiciales favorables en algunos casos.
A pesar de la creciente cantidad de recursos legales, el registro continúa su curso con 63 millones de líneas ya vinculadas, resaltando las tensiones entre la regulación gubernamental y los derechos de privacidad de los ciudadanos. El debate sobre el registro no sólo gira en torno a las telecomunicaciones, sino también a la responsabilidad y la protección de datos personales, temas que son fundamentales en la era digital actual.